En Colombia, desde el 2017, se han reportado un promedio de 553 feminicidios por año, según cifras del Observatorio de Feminicidios de Colombia de la red Feminista Antimilitarista, aunque hay otras organizaciones que reportan variaciones en estas cifras.
Por Laura Ávila y Alicia Flórez
Colombia, 29 de diciembre (InSight Crime).- La tarde del 10 de junio de 2021, en Cúcuta, la capital de Norte de Santander, en un salón de las instalaciones de la Fiscalía y con un atril improvisado, se encontraba el Fiscal General de la nación, Francisco Barbosa. Mientras revisaba sus notas agitado, una decena de periodistas lo observaban.
La Fiscalía había convocado a una rueda de prensa de último minuto en respuesta al asesinato ocurrido el día anterior de la fiscal Navas. Barbosa inició su intervención mencionando que la entidad tenía registrados ocho homicidios de mujeres ocurridos entre el 5 de abril y el 5 de junio. Además, afirmó que tenía un equipo trabajando para identificar factores comunes de violencia, coincidencias a nivel de heridas, tipos de armas y lugar de ocurrencia de estos asesinatos. Pero lo que no mencionó fue la palabra feminicidio.
La ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo en Colombia fue la ley 1761 del 2015. Más conocida como la “Rosa Elvira Cely”, en honor a una mujer de 35 años que fue brutalmente abusada y asesinada en el año 2012 en un parque de Bogotá, la capital del país.
La ley busca prevenir y castigar el asesinato de una mujer por su identidad de género o por el hecho de ser mujer. También ha servido para conocer la magnitud y la frecuencia con la que ocurre este delito. En Colombia, desde el 2017, se han reportado un promedio de 553 feminicidios por año, según cifras del Observatorio de Feminicidios de Colombia de la red Feminista Antimilitarista, aunque hay otras organizaciones que reportan variaciones en estas cifras.
Para analistas legales y derechos de la mujer como Linda Cabrera, directora de Sisma Mujer, una organización feminista que trabaja con mujeres víctimas de violencias, la ley ha servido para mostrar que las violencias que sufren las mujeres son estructurales y tienen raíces profundas en las relaciones desiguales de poder.
“Lo importante de la categoría de feminicidio es que visibiliza una problemática real y los escenarios de riesgos que enfrentan las mujeres y, por tanto, permite que haya una intervención de política criminal especializada que pueda intervenir y prevenir la continuidad de ese tipo de hechos”, le aseguró Cabrera a InSight Crime.
Si bien la ley implica un avance para combatir estos crímenes, por múltiples razones, su implementación ha sido difícil, especialmente en lugares como Tibú.
Para comenzar, no se están siguiendo los protocolos para analizar las escenas del crimen. Cuando ocurre un homicidio, la Policía Nacional remite el caso a la Policía Judicial, o al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), una dirección de la Fiscalía. Después, ambas entidades deberían acercarse hasta el lugar de los hechos para recoger la evidencia y registrarla.
Sin embargo, en Tibú, el CTI no recoge los cadáveres en las escenas del crimen sino las funerarias. Esta práctica se estableció de manera informal hace varios años por falta de personal y por falta de garantías de seguridad a quienes realizan los procedimientos, pero se ha normalizado.
“No se puede garantizar la seguridad de los funcionarios más allá del casco urbano”, nos aseguró un funcionario público cuyo nombre omitimos por razones de seguridad. Otros dos funcionarios reiteraron las dificultades que existen para desplazar el personal hasta el lugar de los hechos.
Incluso si las escenas de crimen fueran analizadas con cuidado, para los operadores judiciales es difícil entender y encontrar argumentos para sustentar cuándo ocurre un feminicidio. En la ley se plantearon seis circunstancias que obligan a la Fiscalía a investigar y determinar qué casos corresponden a feminicidios.
Por ejemplo, se debería considerar si el agresor ejerció algún tipo de manipulación de género o sexual sobre el cuerpo y la vida de la víctima. También, se tendría que examinar si el agresor se aprovechó de las relaciones de poder (económica, militar, sexual, etc.) para hacerle daño a la víctima; o incluso si se cometió el asesinato para generar terror o humillación sobre un enemigo. (Ver diagrama abajo).
De acuerdo con la experiencia de Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, para los fiscales también es difícil entender las distintas formas de violencia que anteceden a un feminicidio.
Esto es aún más complejo en un municipio en conflicto como Tibú, donde hay una multiplicidad de actores y por ende se hace más difícil probar su involucramiento y motivación. Además, implica un esfuerzo extra investigar estos casos y probarlos en un sistema de justicia, donde los casos de violencia hacia las mujeres permanecen, en su mayoría, en la impunidad.
“Los fiscales tienen una visión muy práctica, y no quieren que se les caigan los casos por cosas ‘exóticas’ con las que llegamos las organizaciones de mujeres”, nos explicó Linda Cabrera de SISMA Mujer.
“No quieren correr el riesgo de irse con un feminicidio, [porque] decir que es un feminicidio les implica un trabajo adicional de justificación, de argumentación, también de materia probatoria, de análisis probatorio y de argumentación ante el juez, que la mayoría de los casos yo te podría decir no están dispuestos en la Fiscalía a hacerlo”, dijo Cabrera. “Eso es una gran barrera”, añadió la experta.
Evidentemente ese temor de abrir otro flanco jurídico llegó hasta la cúpula de la Fiscalía. Durante la rueda de prensa en Cúcuta, además de obviar el tema de feminicidios, el Fiscal Barbosa insistió en que las medidas de seguridad y protocolos funcionan adecuadamente para los funcionarios públicos.
“El personal se mantiene. Es que nosotros no vamos a declinarnos dentro de nuestra función de administrar justicia y de participar en las investigaciones. En Tibú estaremos y nos mantenemos como Fiscalía General de la Nación”, dijo en la conferencia de prensa.
Sin embargo, cuando visitamos la zona unos meses después, funcionarios públicos nos aseguraron que no hay personal de la fiscalía seccional en Tibú.
InSight Crime solicitó formalmente a la Fiscalía información sobre los asesinatos de mujeres, pero la entidad respondió que los expedientes se encuentran bajo reserva.
De todos los casos, solo dos están siendo contemplados como feminicidios.
